Lloreda Camacho ve un próximo año positivo con un crecimiento de entre 10% y 15%

Gustavo Tamayo Arango, socio de la firma, habló de las expectativas para el próximo año y del sector de las TIC en Colombia

 

El socio Gustavo Tamayo Arango, director del Departamento de Telecomunicaciones y de Litigios de Lloreda Camacho, ha participado en numerosas transacciones transfronterizas de Fusiones y Adquisiciones, principalmente en el sector de telecomunicaciones en América Latina. Fue reconocido por Chambers & Partners y Legal-500 por su desempeño en las prácticas de TMT y Litigios. En esta oportunidad, habló con AL sobre la firma y el mercado de las TIC en Colombia.

¿Cuál es el foco de especialización de la firma?


En el área de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, hemos mantenido un crecimiento destacado, siendo los abogados de las empresas más reconocidas en cada uno de los mercados. Lloreda es una firma integral “Full Service” que atiende todas las áreas del negocio. Sin embargo, somos innovadores y nos gusta estar a la vanguardia del mercado, por lo cual hemos desarrollado una de las prácticas fintech más activas a nivel nacional.

¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento?


El año 2018 fue un año de incertidumbre en los mercados y de cambios políticos en Colombia, a pesar de esto la firma ve un 2019 muy positivo con un crecimiento esperado entre 10% y 15%. Nuestra ventaja competitiva es poder asimilar el rápido desarrollo tecnológico de los mercados y estar a la vanguardia de prácticas innovadoras como fintech, cannabis, o lifesciences.

¿Por qué es importante el área de telecomunicaciones?


Las telecomunicaciones generan múltiples beneficios para los Estados siendo, los principales, su impacto en la mejora de la productividad, lo que se traduce en progreso económico, así como su ayuda en la reducción de pobreza y de brechas sociales y Colombia no es ajena a estos beneficios.

¿Qué aportes brindan las TIC a la industria nacional?


Principalmente mejora de productividad, reduce costos en las industrias ya establecidas y facilita el desarrollo de nuevos negocios. Gracias a las TIC, principalmente al servicio de internet, hoy contamos con la economía digital. En la actualidad se puede acceder casi que a cualquier producto o servicio a través de internet, lo que facilita para las empresas el acceso al mercado y reduce costos de operación, y permite al ciudadano común optimizar tiempos.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Colombia?


La vigencia y aplicabilidad de la regulación actual frente a las nuevas condiciones de mercado y los nuevos competidores, y la necesidad de un regulador único. Estas compañías que ofrecen el internet, prestan servicios de comunicaciones por voz y de televisión, deben cumplir con fuertes regulaciones, y a su vez competir con compañías que prestan servicios no regulados, como los que provee Netflix, lo cual pone a los primeros en desventaja competitiva.

El regulador debería generar condiciones que permitan a los prestadores tradicionales de servicios competir en igualdad de condiciones. Una forma de lograr este ambiente de sana y equilibrada competencia podría ser la flexibilización de las cargas regulatorias que equilibre el terreno de juego.

¿Y la participación de empresas extranjeras?


No se puede negar que las empresas extranjeras ya tienen un “know how” y una economía de escala que facilita la prestación de servicios de calidad y a precios razonables. Ofrecer servicios de telecomunicaciones y principalmente el despliegue de red para el servicio de internet es un servicio que requiere altos niveles de inversión, por lo que resulta más viable económicamente para una compañía que ya cuenta con una red robusta desplegada a nivel internacional ofrecer estos servicios

¿Qué asuntos regulatorios de las TIC carecen de norma?


Colombia está en mora de revisar la aplicación de cargos asimétricos. La Ocde desde 2014 cuando hizo el análisis del mercado en el país, recomendó la eliminación de los mismos y la reducción de las tarifas. Esto, basados en que sus análisis demuestran que la asimetría en los cargos distorsiona la competencia e incrementa de manera innecesaria la carga regulatoria.

 

Publicado en La República, disponible aquí 

Foto tomada de LR